Veinte meses después los afectados de este municipio siguen esperando una solución definitiva.
Desde la noche del jueves 16 de diciembre de 2010, el cerro de la Cruz comenzó a deslizarse sobre el pueblo de Gramalote, situado a 50 kilómetros de Cúcuta, en las laderas montañosas del Norte de Santander. La tierra rugía como una fiera.
En las últimas semanas había caído un diluvio verdadero, al igual que en todo el país, pero los gramaloteros, acostumbrados a esas rabietas anuales de la cordillera, intentaban mantener la calma pensando que pronto volvería el verano. Sin embargo, en la madrugada del viernes 17, durante la novena de aguinaldos, el párroco anunció lo que iba a pasar y le pidió al pueblo que estuviera alerta.
Al mediodía el cerro se reventó en pedazos y se abalanzó como un perro hambriento sobre los 3.500 habitantes de la cabecera municipal, a una velocidad de casi 4 kilómetros por hora. Descuajó árboles, arrancó flores, arrastró fincas enteras, ganado y corrales. La gente, despavorida, pensó que el mundo se estaba acabando.
Esa misma tarde empezó un éxodo de proporciones bíblicas. Grandes caravanas de buses, caballos y mulas abandonaban el pueblo. Cargadas de niños y de enseres domésticos, de algún marrano y gallinas, las familias de aquella sombría procesión de carretas marchaban hacia los pueblos vecinos, en busca de sus parientes para que les dieran albergue en Villacaro, Cáchira, Lourdes, Santiago y Sardinata. Atrás quedaban destruidas 850 viviendas. Lo único que quedó en pie, íntegro, fue el cementerio.
-El cementerio quedó vivo -me dice, sin una pizca de ironía, la alcaldesa de Gramalote, Sonia Rodríguez Torrente.
Dos meses después, el 19 de febrero de 2011, durante una reunión celebrada en Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos tomó aire en los pulmones, pidió silencio y anunció con el mismo ademán rotundo que ponen los mandatarios en los grandes acontecimientos: "El Gobierno se compromete a reconstruir Gramalote para que quede mejor de lo que estaba". La gente lo aclamó con entusiasmo. Se abrazaban y sonreían por primera vez desde diciembre. No sabían, pobrecitos, que las triquiñuelas de la burocracia hacen más daño que una montaña enfurecida.
Las palabras se las lleva el viento. Las promesas, también. Hoy, casi dos años después de esa dolorosa romería, ni siquiera existe un censo fidedigno de víctimas. Tampoco se sabe dónde va a ser reconstruido el pueblo. Esta es la historia completa de las intrigas, los tropiezos, las martingalas, la improvisación y los engaños que han ocurrido desde entonces. Pero es también la historia de cinco mujeres valientes que han impedido que se cometa una barbaridad y han evitado que una segunda catástrofe ocurra detrás de la primera.
El Gobierno Nacional empezó por inventarse un interminable comité de casi veinte miembros: ministerios, institutos, gestores, corporaciones. Un sancocho de gente en el que solo faltaron, quién lo creyera, algún vocero de Gramalote y del Fondo Adaptación, que el propio Gobierno acababa de crear para atender los destrozos de la ola invernal. Todo el mundo opinaba. En mayo del 2011 la entonces ministra de Ambiente, Beatriz Uribe Botero, firmó los primeros convenios para investigar en qué sitio podría hacerse el reasentamiento.
Una entidad de ayuda humanitaria, llamada Servivienda, inició los primeros estudios en dos grandes terrenos cercanos al pueblo destruido: El Pomarroso, de 189 hectáreas, y Miraflores, de 148. Mientras avanzaban en esa tarea, las directoras del Fondo Adaptación detectaron que los propietarios de El Pomarroso tienen vínculos de parentesco con un congresista, Carlos León Celis, representante a la Cámara por Norte de Santander. El asunto no era muy claro, pero ese mismo día empezaron los verdaderos problemas, el 25 de septiembre del año pasado, la ministra Uribe anunció en un teatro de Cúcuta que el terreno de El Pomarroso había sido escogido para construir el nuevo Gramalote. Poco después, en una conversación con el propio presidente Santos, la Ministra repitió que el Servicio Geológico Colombiano -antiguo Ingeominas- le había informado que El Pomarroso era "el lugar apropiado".
Los funcionarios geológicos hicieron saber, de inmediato, que no habían terminado sus estudios de suelos y que, por tanto, no era cierto que hubiesen emitido concepto alguno sobre las condiciones o ventajas de los dos lotes. "La Ministra se apresuró", me dijo uno de los geólogos. La Ministra renunciaría poco después.
'Eh, qué cosa tan buena...'
Entre tanto, el Gobierno Nacional le había destinado 87.000 millones de pesos al Fondo Adaptación para levantar el nuevo Gramalote. Pero, a finales del año pasado, les informaron que hacerlo en El Pomarroso costaría en realidad 350.000 millones, porque se requieren obras para reforzar el suelo, carreteras, caminos vecinales. Ya había políticos y especuladores comprando tierras alrededor de El Pomarroso.
Fue entonces cuando la gerente del Fondo Adaptación y ayer designada ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, resolvió pararse en la raya. Acompañada y asesorada por Carmen Arévalo, subgerente de regiones, y por la abogada Sofía Arango, secretaria general, en octubre resolvió convocar de urgencia a su consejo directivo. Uno de los miembros, el respetado empresario Arturo Calle, cuando oyó mencionar la cifra de 35.000 millones, levantó la mano y exclamó:
-Eh, qué cosa tan buena. Yo voy a hacer cola con la gente de Gramalote.
Al terminar la reunión, la gerente Álvarez-Correa anunció que pondría el caso en manos de la Procuraduría General. Así lo hizo. Y volvió a dar la cara el 26 de abril, cuando fue a Gramalote y se reunió una vez más con la comunidad. Les dijo la verdad:
-Los estudios geológicos no han concluido y, por lo tanto, no sabemos todavía cuál va a ser el terreno.
-Pero la Ministra ya nos dijo que sería en El Pomarroso -le gritaron algunos, desesperados, que estuvieron a punto de agredirla.
Contrataron nuevos estudios de suelos con empresas privadas. Hace apenas un mes, el 30 de julio pasado, les entregaron las conclusiones: El Pomarroso podría ser el lugar indicado, "siempre y cuando se le hagan unas obras de mitigación de riesgos geológicos". No se especifica cuáles serían esas obras, y, en consecuencia, hasta el sol de hoy no se sabe cuánto costarían. Al preguntarles por el lote de Miraflores, los técnicos respondieron: "También podría ser el indicado, siempre y cuando se le hagan unas obras de mitigación de riesgos geológicos". Moraleja: ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Epílogo
Mientras tanto, la alcaldesa Rodríguez Torrente y otra mujer, Liliana Yáñez, presidenta del Concejo de Gramalote, siguen luchando de oficina en oficina, moviendo a la gente, liderando a su pueblo, apremiando a la burocracia. Son cinco mujeres admirables en esta historia.
Han pasado 20 meses desde que el cerro de la Cruz se llevó a Gramalote. Todavía hoy el Estado ni siquiera sabe cuántos eran los habitantes del pueblo el día de la desgracia, ni cuántas familias, ni de qué estratos sociales. Solo en septiembre podrá disponerse de un censo confiable. Ya hay abogados que buscan a las víctimas para decirles que, si cada familia les da 100.000 pesos, ellos demandarán al Estado.
Los gramaloteros siguen dispersos. Unos viven arrimados a sus parientes. Otros anidan en carpas. Lo único que sigue en pie es el cementerio. Porque, a veces, los muertos tienen más suerte que los vivos.
Acerca del autor
Fue director de noticias de RCN Radio. Ha publicado las novelas 'La mala hierba', 'La balada de María Abdala' y 'La muerte de Bolatriste', y la antología 'Puro cuento'.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
