Por Rubén Darío Rodríguez López - Periodista Chicamocha News.
Me tomé la tarea de leer detenidamente el Proyecto de Acuerdo mediante el cual el Alcalde Municipal de Málaga, Fredy Arley Cáceres Ramírez, solicita autorización al honorable Concejo Municipal, para la concesión a 25 años del servicio de alumbrado Público y el contrato de su interventoría por el mismo periodo de la concesión. (¿Qué tal el miquito?).
Primero se ve que dicho proyecto está sustentado jurídicamente, pero muy mal sustentado en su conveniencia para el Municipio y sus habitantes. El señor Alcalde argumenta en sus consideraciones y motivos, que en el año 2016, mediante contrato de mínima cuantía Nro. 149-2106, ordenó los estudios jurídicos, técnicos y financieros para determinar la viabilidad de la concesión en cuestión. Sin embargo, por ningún lado del proyecto de acuerdo se refleja realmente los resultados de dicho estudio, al menos en el aspecto financiero, ni tarifario, donde se demuestre que el tiempo mínimo de la concesión debe ser a 25 años, como está establecido en la Ley.
En el Numeral VII, del plazo de la concesión, se limitan a exponer algunos indicadores que me sirven para hacer una "simple" proyección financiera de los recursos que se manejarán en tan "kakareado" contrato. El primer indicador es sobre el periodo de la concesión a 300 meses (25 años), que iría desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2043, se ve la premura del señor Alcalde de agilizar la concesión, porque según la Ley, ningún Alcalde o Gobernador podrá celebrar contratos de concesión, un año antes de terminar su periodo lectivo.
El recaudo mensual del impuesto de alumbrado público en Málaga, asciende a 48 millones de pesos, aproximadamente. Supongamos que durante los 25 años no se ajuste este recaudo, el valor total a recaudar seria aproximadamente la no despreciable suma de 14 Mil 400 millones de pesos en los 25 años. (Sin embargo, hoy la tarifa de alumbrado público en Málaga corresponde al 15% del valor total facturado por la energía de cada residencia, antes de subsidio, es decir, el valor pleno de la factura), esto quiere decir que este recaudo subirá año tras año, con el alza del costo de la energía residencial y del IPC, que en el proyecto de acuerdo lo estipulan en 3.5% anual.
Aquí mismo proyectan que el costo del servicio de alumbrado público mensual, después de adecuar la infraestructura en bombillos "LED", será de 11 millones aproximadamente, es decir una utilidad bruta de 37 millones de pesos mensuales, que en un año sumaría un total de 444 millones, aproximadamente y un total de 11 Mil 100 millones de pesos al final de los 25 años. Repito, esto sin contar los ajustes tarifarios año tras año. Se le debe descontar un valor de 4 millones mensuales de administración, aproximadamente, según el proyecto, lo que daría una utilidad neta de 400 millones de pesos año, aproximadamente.
Según, los estudios realizados, modernizar la infraestructura del alumbrado público en Málaga, solamente con Luminarias LED, costaría 2 Mil 150 millones, aproximadamente, pero en ninguna parte sustenta cómo se hace esa inversión, cuanto tiempo tiene el concesionario para adecuar la infraestructura, al no estar expuesto, se puede decir que le concedería los 25 años para que haga las inversiones, es decir, la inversión se hace con los rendimientos de la concesión y no con una inversión de la empresa concesionaria, como debería ser.
Ahora, en ninguna parte del proyecto de acuerdo menciona condiciones algunas sobre la concesión en sí, solamente se limita a justificarla jurídicamente y a extraer conclusiones sobre la necesidad que el municipio entregue este negocio, porque según las cuentas del Alcalde y del que hizo el estudio, no da utilidad para el municipio y el municipio no tiene capacidad para administrarlo. ¿Ah?
Vale la pena anotar que en la mayoría de las concesiones que entidades territoriales hacen a entidades privadas, generalmente existe una contraprestación financiera para el Municipio, aparte de la modernización, mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público. En este proyecto no se menciona un solo recurso de reinversión, o mejor, de contraprestación al municipio. Entonces me pregunto: ¿Qué gana el Municipio?, ¿qué gana la comunidad?, ¿solamente la esperanza de un buen servicio? Ese es el deber del Estado, ¿dónde está el valor agregado de entregar a un privado la operación de dicho servicio?
Por último, el señor Alcalde menciona dentro del proyecto de acuerdo que anexa la carta de convocatoria a la comunidad para la socialización del proyecto de fecha del 17 de marzo de 2017, pero no anexa el acta respectiva de la reunión, ni menciona que en dicha reunión la Comunidad de Málaga "rechazó rotundamente", la realización de dicha concesión y bajo ninguna figura acepta que se adelantaran las gestiones para llevar a cabo este contrato. Situación que a mi manera de ver el Alcalde desconoce totalmente e ignora la voz de la comunidad.
Aquí está claro cómo existe un afán del señor Alcalde, de sus asesores (Consejo de Política Fiscal y social, CONFIS), los cuales se corresponsabilizan de "alcahuetear" éste capricho, o tal vez este compromiso con algunos inversionistas de campaña, que ven como se les está acabando el tiempo para recuperar sus inversiones y los honorables Concejales tampoco pueden pasar de agache y prestarse para semejante adefesio.
Málaga, no puede seguir presenciando este tipo de "Alcaldadas" en pleno siglo XXI, sobre todo a la luz de 6.400 personas (2.100 más de las que lo eligieron Alcalde), que el pasado domingo dijeron NO a la corrupción, en nuestra hidalga capital de la provincia de García Rovira.
