Contraloría General abre investigación preliminar a Gobernación de Santander por irregularidades en contrato durante la pandemia
Vanguardia.com
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Donaldo Ortiz Cárdenas, alcalde de San José de Miranda, Santander, por presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria, según se conoció la tarde de este miércoles durante la rueda de prensa de Transparencia por la Emergencia.
Además, también serán imputados el gobernador suspendido de Chocó, tres alcaldes más, dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.
En el caso de Donaldo Ortiz, según la investigación, habría entregado a la población elementos de cuidado de salud como jabones y antibacteriales, con posibles sobrecostos y medidas distintas a las establecidas en el contrato, al igual que productos alimenticios.
Sin embargo, el presunto fraude no se habría dado solo en objetos materiales, Ortiz Cárdenas presupuestó el pago de $6 millones 368 mil en la "campaña puerta a puerta para entregar el kit y dar indicaciones de prevención".
Sin embargo, varios habitantes de San José de Miranda advirtieron que esta distribución y la pedagogía casa a casa no la hizo el proveedor de los insumos sino la Policía Nacional y una enfermera del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, como se evidencia en fotografías.
Hace dos meses exactamente esta redacción se comunicó con Sandra Lucía León León, personera de San José de Miranda, quien manifestó que la Personería Municipal se puso al tanto de la investigación una vez conocidos los casos.
Millonarios contratos
Según la información publicada en el Secop, en el que aparecen dos contratos para atender el Covid-19 en el municipio de San José de Miranda, uno del 25 de marzo por $89 millones, y el otro del 6 de abril por 16 millones.
El de marzo incluye todos los productos expuestos anteriormente, los folletos y la campaña ($52.555.000) y, además, mercados ($36.900.00), todo valorado en $89.455.000.
El de abril, solo de implementos de protección (guantes, gafas, tapabocas, trajes de bioseguridad) y aseo (alcohol, gel, jabón, hipoclorito de sodio), tiene un costo de $16.623.870. Ambos contratos fueron suscritos con Fundación de Proyectos Sociales y Económicos, representada legalmente por Lucy Amparo Báez.
"Las acciones investigativas y judiciales definidas en la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación arrojan resultados contundentes en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el Covid – 19", informó el ente acusador.
En las últimas dos semanas, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3 mil que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado 'Transparencia por la emergencia'. Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.
Interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado, son algunos delitos por los que pedirán medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen.
Los alcaldes investigados son: de San José de Miranda, Santander, Donaldo Ortiz; de Necoclí, Antioquia, Jorge Augusto Tobón Castro; de Barbosa, Antioquia; Édgar Augusto Gallego Arias y de El Charco, Nariño, Víctor Candelo Reina.
Contraloría General abre investigación preliminar a Gobernación de Santander por irregularidades en contrato durante la pandemia
Por presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato de compraventa de elementos de bioseguridad, la Contraloría General de la Nación investigará a la Gobernación de Santander.
Un contrato de compraventa en insumos de bioseguridad, suscrito por la Gobernación de Santander con Makropharma Distribuciones Farmacéuticas S.A.S, por valor de $2.781.496.000 tiene en la mira de las autoridades nacionales al mandatario de los santandereanos.
De acuerdo con la Contraloría General, dicho contrato, firmado el 21 de abril de 2020, se suscribió con el fin de implementar una estrategia para la contención y protección en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 a la población atendida por la Secretaría del Interior de Santander.
En el acuerdo, la Contraloría evidenció un posible sobrecosto de $1.946.600.400, que corresponde a un 233,15 % del valor del contrato.
De otro lado, se encontró que, aunque en el contrato se pactó un anticipo del 40 % del valor del mismo, no se evidencia la póliza correspondiente.
Así mismo, se evidenció que se realizó invitación a presentar propuesta para la contratación a un solo proveedor, la firma Makropharma Distribuciones Farmacéuticas S.A.S, que fue con la que finalmente se contrató.
