OPINIÓN: Otra licitación exprés

Por Marcela Pabón

Columnista Vanguardia.com

Hace unas pocas semanas conocíamos con asombro y preocupación que el Hospital Universitario de Santander adelantaba un proceso para contratar la finalización de las obras de la central de Urgencias, por más de $2.500 millones, en el cual se daba solo tres días a los interesados para presentar su propuesta.

Pues bien, no es el único caso. El Hospital Regional de García Rovira, de Málaga, en el proceso para contratar la adecuación de infraestructura y ampliación de la capacidad instalada, por $2.300 millones, ha caído también en la nefasta práctica de realizar procesos licitatorios exprés, publicando la licitación el sábado 2 de enero y recibiendo propuestas el martes 5 de enero.

Con ello, quien pretendiera participar en este proceso tendría que haber estado atento a la publicación del proceso el primer sábado después de fiestas, enterarse de la minucia técnica que un proceso de infraestructura hospitalaria requiere, tener listos todos y cada uno de los requisitos exigidos (maquinaria, documentos actualizados, recurso humano con el perfil expresamente solicitado, etc.), comprar pólizas, detallar su presupuesto de obra, elaborar un plan de emergencias y contingencia, cuyo contenido solicitado supera los 60 ítems, etc., todo esto en tan solo dos días.

Esto resulta inverosímil, a menos que lo que se quiera sea precisamente limitar la participación de ofertas.

No obstante, el Hospital se excusa en su régimen especial de contratación para legitimar esta ausencia absoluta de proporcionalidad en los plazos del proceso, obviando su deber legal de aplicar los principios de transparencia, publicidad y moralidad en la contratación.

No hay que olvidar que, a pesar de no regirse por el Estatuto General de Contratación Pública, las empresas sociales del Estado, como el Hospital de Málaga, no tienen licencia para que su actividad contractual sea arbitraria, ni puede pensarse que, por tratarse de un régimen especial, es posible evadir el principio de legalidad que regula toda la administración pública.

Es hora entonces de que los entes de control verifiquen e intervengan estos casos de manera oportuna, donde so pretexto de regulaciones especiales, se transgreden la transparencia, la libre concurrencia y la óptima gestión contractual con dineros públicos.

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