Por Marcela Pabón
Columnista
Vanguardia.com
Hace unas pocas semanas conocíamos con asombro y
preocupación que el Hospital Universitario de Santander adelantaba un proceso
para contratar la finalización de las obras de la central de Urgencias, por más
de $2.500 millones, en el cual se daba solo tres días a los interesados para
presentar su propuesta.
Pues bien, no es el único caso. El Hospital Regional de García
Rovira, de Málaga, en el proceso para contratar la adecuación de
infraestructura y ampliación de la capacidad instalada, por $2.300 millones, ha
caído también en la nefasta práctica de realizar procesos licitatorios exprés,
publicando la licitación el sábado 2 de enero y recibiendo propuestas el martes
5 de enero.
Con ello, quien pretendiera participar en este proceso tendría que
haber estado atento a la publicación del proceso el primer sábado después de
fiestas, enterarse de la minucia técnica que un proceso de infraestructura
hospitalaria requiere, tener listos todos y cada uno de los requisitos exigidos
(maquinaria, documentos actualizados, recurso humano con el perfil expresamente
solicitado, etc.), comprar pólizas, detallar su presupuesto de obra, elaborar
un plan de emergencias y contingencia, cuyo contenido solicitado supera los 60
ítems, etc., todo esto en tan solo dos días.
Esto resulta inverosímil, a menos que lo que se quiera sea
precisamente limitar la participación de ofertas.
No obstante, el Hospital se excusa en su régimen especial de
contratación para legitimar esta ausencia absoluta de proporcionalidad en los
plazos del proceso, obviando su deber legal de aplicar los principios de
transparencia, publicidad y moralidad en la contratación.
No hay que olvidar que, a pesar de no regirse por el Estatuto
General de Contratación Pública, las empresas sociales del Estado, como el
Hospital de Málaga, no tienen licencia para que su actividad contractual sea
arbitraria, ni puede pensarse que, por tratarse de un régimen especial, es
posible evadir el principio de legalidad que regula toda la administración
pública.
Es hora entonces de que los entes de control verifiquen e
intervengan estos casos de manera oportuna, donde so pretexto de regulaciones
especiales, se transgreden la transparencia, la libre concurrencia y la óptima
gestión contractual con dineros públicos.