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Por posibles omisiones, retrasos y fallas en la supervisión
técnica que tenía como objetivo recuperar la carretera Málaga-Los Curos, en
Santander, la Procuraduría formuló cargos al exdirector territorial en
Santander del Instituto Nacional de Vías (Invías), Cesar Augusto Moreno
Prada, y al exsubdirector de gestión del riesgo, Hugo Hernán Herrera
González.
En este caso, la delegada para la Economía y Hacienda del
Ministerio Público estableció que una vez empezó la construcción se
definió una obligación de supervisión entre el Fondo Adaptación y el Invías, el
cual incluyó la obra que preveía la construcción de los puentes vehiculares
para La Judía, el Sector Crítico 43 y el Hisgaura, suscrito posteriormente por
el Fondo Adaptación y Sacyr Construcciones Sucursal Colombia.
En medio de las pesquisas, el Ministerio Público halló que no se
cumplió con las exigencias que se pactaron, por lo que consideró conveniente
formular un primer cargo a Moreno Prada por la supuesta omisión de advertir de
manera técnica al interventor contratado por el Fondo sobre la adopción de
las normas que eran aplicables al contrato celebrado en 2013. Esa situación, a
juicio del ente de control, fue lo que produjo retrasos y sobrecostos.
Del
mismo modo, la Procuraduría le formuló un segundo cargo por posiblemente
dejar de informar que el método constructivo utilizado por el ejecutor no era
el idóneo, lo que se reflejó en deficiencias en calidad, técnica, estabilidad y
durabilidad del Puente Hisgaura. Esa situación, según el Ministerio Público,
también debía ser advertida Herrera González en su función de supervisión
técnica de los convenios celebrados.
El Ministerio Público sostuvo
que “presuntamente ambos incurrieron en una ilicitud sustancial al
alejarse del cumplimiento de sus compromisos e infringido las
disposiciones legales a las que estaban obligados, con lo que pudieron
desconocer los principios de moralidad, eficacia y economía. De manera
provisional, la Entidad calificó las presuntas faltas de Moreno y Herrera como
graves a título de culpa grave”.
En
julio del año pasado, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal
por $23.308 millones porque consideraron que hubo afectación al patrimonio
público que ocasionaron las deficiencias y daños en el puente vehicular
Hisgaura. Al proceso fueron vinculados, como presuntos responsables fiscales,
18 personas entre los que están tres exgerentes del Fondo Adaptación (Carmen
Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón), el entonces director
del Invías, Juan Esteban Gil, y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto
García.
Gil, a través de un comunicado, dijo que las personas que debían responder por lo que ocurrió en la contratación y construcción de ese puente eran funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos, que fue cuando se inició la obra. Resaltó que la administración Duque se limitó, únicamente, a recibir la obra, de acuerdo con el informe de la interventoría, y atendió las recomendaciones de la mesa de expertos para cumplir los requerimientos de la Contraloría.
