Por Rubén Darío Rodríguez López
Chicamocha News
Cuando la pandemia empezó, se pregonaba que de las pocas cosas buenas que esto traería, era que "iba a sacar lo mejor de la gente, lo mejor de los políticos, lo mejor de los empresarios" e íbamos a construir una sociedad más solidaria, más equitativa y, sobretodo, más justa con la clase media y los más pobres.
Decretaron y promulgaron centenares de leyes para aislar a toda la gente, con el ánimo de frenar el contagio y poder alistar la infraestructura del sector salud para poder atender a los posibles contagiados oportunamente y claro, las dificultades no se hicieron esperar, la gente empezó a tener dificultades para acceder a los alimentos, no por desabastecimiento precisamente, sino porque la falta de trabajo y de generar sus ingresos los puso en serias dificultades económicas.
Los políticos brillaron por su avaricia, más se demoraron en otorgarles facultades para contratar directamente la compra de insumos y víveres para ayudar a los más desprotegidos, que ellos en aprovechar como aves de carroña, para robarse la plata de las ayudas, inflando los precios de los productos y contratando con ferreterías y papelerías la proveeduría de alimentos y las brigadas de promoción y prevención. Afortunadamente, las denuncias de ciudadanos y de medios de comunicación no se hicieron esperar y lograron que al menos las entidades de control les mostraran los dientes, pero nada más, con lo que los pusieron al menos en alerta y le bajaron tantico al robo.
La Universidad Javeriana ha puesto en entredicho lo que el Gobierno anunció y que, de acuerdo a los decretos que expidió durante la emergencia económica, destinaría un total de 117 billones de pesos para el manejo de la pandemia. "No obstante, el observatorio de la Javeriana precisa que, es distinto tener recursos a la mano para cuando se necesiten, que realmente gastarlos en la emergencia y que, a la fecha, los traslados a distintas entidades del gobierno para la atención a la pandemia son $ 3,6 billones o apenas 0,34% del PIB". Hasta el momento, una porción importante del 3% del PIB se ha destinado a mejorar la atención en salud, al giro de recursos vía programas sociales, para apoyar a la población durante el aislamiento social y a la protección del empleo. Aquí, en el último punto, los beneficiados fueron los grandes empresarios, a los cuales se les dio, vía subsidios, hasta el 50% del valor de sus nóminas y no fue un giro directo a los empleados.
Lo anterior deja claro que los beneficiarios de los subsidios no fueron personas nuevas en su gran mayoría, ya que el ingreso solidario y otros programas recayeron sobre actuales beneficiarios de familias en acción, jóvenes en acción y Colombia mayor, dejando por fuera a los pequeños y medianos comerciantes, transportadores, trabajadores independientes, los cuales no han recibido, o han recibido muy poco de parte de las medidas subsidiarias del Estado, poniéndolos en la población con más riesgo y quienes han resultado más sacrificados, a través de la pérdida de sus trabajos y sus ingresos, respectivamente.
La crisis económica también puso en alerta a los fondos de pensiones privados AFP, ya que, ante la crisis mundial generada, han visto mermados sus rendimientos, los cuales dependen de las fluctuaciones de la economía, ya que estos "juegan" con los ahorros de los trabajadores a ganar utilidades con inversiones en alto, mediano y bajo riesgo, lo que los llevó a plantearle al gobierno un salvavidas que inicialmente consistía en trasladar vía decreto a Colpensiones a las personas más próximas a pensionarse, buscando que dicho riesgo lo asuma el gobierno y no los fondos privados; es decir, ellos solo van en las buenas, pero en las malas que el pueblo sea el que responda. Adicionalmente, el Gobierno le echó mano al Fondo de pensiones territoriales, FONPET y por la derecha se lo quitó a las entidades territoriales y dispuso de estos recursos para el manejo de la pandemia, colocando también en riesgo la pensión de los empleados oficiales o estatales. Como vemos, los sacrificados son los más jodidos, menos los inversionistas.
Pero lo más aberrante y lo más miserable, ha sido el comportamiento de los bancos. Son los únicos que han tenido sendas utilidades durante la pandemia. No es que me moleste que ganen dinero, la indignación es que a pesar de la dificultad que estamos teniendo todos los colombianos, estas entidades han sacado provecho económico de la situación y, con ayuda del gobierno y del Banco de la República, han preferido guardarse los beneficios que éstos les han otorgado, que trasladarlo vía menos intereses a los usuarios.
Según el Senador David Barguil, "el Banco de la República, desde que empezó la pandemia en el mes de marzo, le ha bajado la tasa de interés a los bancos en un 53%, es decir, del 4,25 al 2,25% anual (0,18% mensual) actualmente y que a 31 de julio de 2020, los bancos no le han bajado un solo punto a las tasas de interés, argumentando inclusive, que las tarjetas de crédito están bordeando el máximo interés autorizado por el gobierno (tasa de usura) que está en el 27,4% anual (2,2% mensual) y que el promedio al que están cobrando es del 25,7% anual". Adicionalmente, el Senador Barguil explica como los bancos engañaron a los usuarios cuando la pandemia empezó en nuestro país y, bajo el pretexto de esperar sus pagos, les permitieron atrasarse y congelar hasta el pago de 3 cuotas de sus créditos, pero una vez vencida esa fecha, reiniciaron sus cobros con los mismos intereses, sin rebajar absolutamente nada y en algunos casos hasta les cobraron acumuladas las cuotas. ¡Que infamia!
Finalmente se anunció que iban a haber créditos para pequeñas y medianas empresas, sin embargo, debido a los exigentes requisitos y trabas para acceder a estos recursos, nunca llegaron a los beneficiarios, es decir, se quedaron guardados en las bóvedas de los bancos.
Así las cosas, se puede concluir que definitivamente la clase media y los pobres han sido los que más han llevado, llevarán y seguirán llevando del bulto, está claro que para este gobierno prima la economía y la protección de los grandes empresarios, argumentando la protección del empleo (que nunca ha sucedido, ya que a 31 de julio de 2020, 5 millones de personas han perdido su empleo en Colombia, según el DANE) y que las gabelas otorgadas nunca llegarán a los verdaderos necesitados. Prima tanto la economía sobre la vida misma, que todas las medidas tomadas para aislamiento de las personas, supuestamente para protegerlos del contagio de COVID19, no les ha permitido a empresarios, banqueros y políticos, que han preferido "atragantarse" que tener la más mínima consideración, especialmente en estos momentos con los verdaderamente afectados: los trabajadores, los que producen y los que irónicamente los mantienen.
