Por Eduar Yesid Buitrago Gualteros*
El próximo 20 de Julio, precisamente día de fiesta Nacional por la conmemoración del grito de independencia ocurrido en la misma fecha de 1810, recordemos la revuelta por el florero de Llorente, también estamos próximos a cumplir cuatro meses de la suspensión de términos judiciales frente al trámite de la gran mayoría de procesos judiciales, así como de la atención presencial a la ciudadanía, abogados, auxiliares y demás, por parte de la rama judicial, con ocasión a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en relación con la prevención, protección y aislamiento, en razón a la pandemia del Covid-19.
Si bien es cierto, se ha de reconocer que la Rama Judicial, a través de los diferentes Despachos de todo el país, por mandato del Consejo Superior de la Judicatura, ha continuado prestando sus servicios, en cuanto al trámite de acciones de tutela, habeas corpus y procesos con personas privadas de la libertad, lo cual se ha logrado haciendo uso de diferentes plataformas digitales, no menos cierto es que la innumerable mayoría de procesos y trámites judiciales se encuentran suspendidos, por ende los usuarios del servicio, entiéndase por ellos demandantes, demandados, terceros, auxiliares de la justicia y los abogados que representan sus intereses, siguen residiendo en la paciente, que pareciera interminable espera, que se reanuden los mencionados trámites.
Por su parte, los diferentes representantes de varios de los sindicatos que agremian y representan a los Despachos Judiciales en Colombia, así como la misma presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botia, han manifestado que durante este tiempo de suspensión de términos, los funcionarios judiciales y sus asistentes han continuado desde el aislamiento en sus viviendas, prestando los servicios, adelantando trabajo y/o adoptando decisiones al interior de los trámites a su cargo.
Acorde con los últimos pronunciamientos, respecto de la suspensión de términos, más concretamente el contenido del acuerdo PCSJA20-11567, emanado de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la decisión de suspensión acabaría el próximo primero (01) de Julio, más, sin embargo, con la prórroga de aislamiento obligatorio, decretada por el Gobierno Nacional hasta el próximo 15 de Julio, no sería extraño que el Consejo, una vez más, amplíe el plazo de cesación de actividades.
Ante el panorama anterior, la justicia esta en mora con la ciudadanía. A propósito de esto recuerdo al filósofo, político y orador Lucio Anneo Séneca, quien manifestó: ¨Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía¨, por tal razón, se espera con ansias el retorno a las diligencias judiciales y sin egoísmo, claro está, considerando igualmente los términos de bioseguridad, sin que se llegue a poner en riesgo la salud e integridad de los operarios del sistema judicial, ya que resulta también claro, lógico, además de estrictamente necesario, que de la mano con el funcionamiento del aparato judicial, la atención se implemente mediante estrictos protocolos de bioseguridad, pues es indiscutible que la rama judicial y el Estado colombiano cuentan con suficiente personal, así como con los recursos para asegurar la integridad, la salud y la vida de los operarios judiciales.
De la mano con la anhelada reanudación de actividades, seguramente muchas de las diligencias, tales como audiencias, podrán seguirse evacuando de manera virtual, lo cual ayudaría a las medidas de seguridad, sin llegar a poner en riesgo a los intervinientes.
Acotación 1: Recuérdese los innumerables intereses legítimos, derechos y garantías de los ciudadanos que también se encuentran suspendidos.
Acotación 2: El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, más aún, en un Estado Social de Derecho como el nuestro y que no existe acceso a la justicia, cuando, por motivos económicos, sociales o políticos, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia.
*Abogado, especializado en Derecho Penal y Candidato a Magister de la Universidad Sergio Arboleda.
